Primer impacto en Sevilla por el recurso andaluz
En Sevilla crece la preocupación por la atención a menores migrantes no acompañados tras el recurso de inconstitucionalidad que el Gobierno andaluz presentó contra varios artículos del Real Decreto-ley 2/2025. La iniciativa, formalizada tras los trámites iniciados el 9 de abril de 2025, cuestiona un sistema obligatorio para el reparto de estos menores entre comunidades autónomas y sitúa a la capital hispalense en medio de un debate cargado de urgencia social.
Andalucía recurre al Constitucional
El Ejecutivo autonómico defiende que el decreto invade competencias propias y vulnera el principio de lealtad institucional. Andalucía, que según el reparto oficial debería asumir la acogida de 796 menores, denuncia la falta de financiación suficiente para garantizar un servicio digno. Al presentar el recurso junto a Castilla-La Mancha, la Junta reclama que sin un respaldo económico real la medida resultará inviable y podría comprometer la atención de quienes ya están bajo tutela pública.
Criterios de reparto bajo lupa
El decreto aprobado el 18 de marzo de 2025 persigue la redistribución equitativa de menores extranjeros no acompañados cuando una región supere tres veces su capacidad ordinaria de acogida. Se establecen parámetros objetivos: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo previo en acogida (6%) y capacidad estructural de plazas (10%), junto a factores como ciudad fronteriza, insularidad y dispersión. Además, se creó un fondo de 100 millones de euros para compensar a las autonomías que asuman estas plazas, con un plazo máximo de 15 días para efectuar los traslados.
Canarias y Ceuta, puntos más saturados
La memoria del decreto alerta sobre el aumento del 221,4% en el número de menores en ocho años, algo que ha saturado especialmente los sistemas de Canarias, Ceuta y Melilla. Estas dos últimas comunidades, con alrededor de 4.400 menores actualmente, deberán derivar una parte significativa a otros territorios. Madrid aparece como receptor principal por su capacidad y perfil económico, mientras que Sevilla y el conjunto andaluz esperan definir su papel en esta cadena de solidaridad forzada.
Convalidación y plazos ajustados
El Congreso convalidó la norma el 10 de abril de 2025 y entró en vigor al día siguiente. Sin embargo, el plan de respuesta solidaria, que detallará los traslados y las compensaciones, aún debe aprobarse en un máximo de tres meses. Sevilla y el resto de Andalucía observan con incertidumbre los próximos movimientos: de ellos dependerá el real cumplimiento del interés superior de la infancia migrante y la viabilidad del sistema de acogida.
Sevilla no puede quedarse al margen de este pulso: la dignidad de los menores y la solidez de la solidaridad interterritorial están en juego.
